La función pública es una alternativa para el ejercicio profesional de los arquitectos. Trabajar al servicio de la administración pública municipal, provincial, autonómica o estatal resulta una opción atractiva especialmente para algunos jóvenes arquitectos.

Las plazas de arquitecto permiten conocer y asumir proyectos profesionales con impacto en las vidas de las personas y las comunidades.

Los arquitectos que son funcionarios desarrollan su actividad profesional por cuenta ajena al servicio de la administración pública y sus funciones están reguladas por el derecho administrativo.

Normalmente los potenciales errores profesionales y las reclamaciones recibidas por daños a terceros causados por el ejercicio de su actividad están protegidas por los seguros de responsabilidad civil contratados por las administraciones públicas para las que trabajan.

No obstante, los funcionarios, pese a que pueda pensarse lo contrario, también pueden recibir reclamaciones derivadas de su responsabilidad civil profesional.  Lo habitual, como se ha señalado, es que el seguro de la administración pública haga frente a estas reclamaciones, pero podrían plantearse casos complejos en los que se llegasen a plantear responsabilidades subsidiarias.

En la actualidad nos encontramos en un entorno en el que aumenta la litigiosidad y las reclamaciones tienden a dirigirse a todas las figuras que hayan participado, en mayor o menor medida, en los proyectos en los que actúa un arquitecto, sea funcionario público o no. Ante esta situación y ateniendo a la actividad concreta de los funcionarios-arquitectos, podría resultar interesante contratar algún tipo de seguro de arquitecto que tenga cobertura para la actividad como funcionario.